Se realizó la XIV Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, el pasado 14 de octubre en Salta, en el marco de la Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) que congregó en dicha provincia a 200 legisladores representantes de 12 países del continente.
La diputada provincial de Santa Fe y presidenta de la Red, Alicia Gutiérrez, encabezó dicha reunión con las integrantes del Comité Ejecutivo que, en esta oportunidad, se ocupó de debatir y acordar acciones en relación a la problemática del abuso sexual y la violencia cometida contra niñas, adolescentes y mujeres.
“Fue un encuentro muy fructífero en cuanto a la posibilidad de intercambiar opiniones y debatir entre las parlamentarias, como así también entre las integrantes de organizaciones vinculadas a la temática de género. Es necesario acordar una posición y tomar medidas urgentes frente a este tema que atraviesa la realidad de todos los países de Latinoamérica y no discrimina ni clase social, ni edad, ni ubicación geográfica”, explicó Gutiérrez.
Además, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevó a cabo, el pasado 13 de octubre, la Consulta a las parlamentarias reunidas sobre dos temas fundamentales: paridad de género en los espacios de decisión y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En la primera parte del encuentro, la presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias destacó como un paso hacia adelante la aprobación de la Ley de paridad en Buenos Aires: “Significa un avance en materia de derechos para las mujeres y una mejora sustancial para la democracia”.
Sin embargo, aclaró que aún falta mucho por hacer para lograr la necesaria paridad en los ámbitos públicos y políticos. “En la actualidad, Santa Fe cuenta con una sola mujer en la Corte Suprema de Justicia y sólo tres mujeres encabezan ministerios, recién se eligió a la primera gobernadora en la provincia de Buenos Aires y de 130 intendentes solo seis son mujeres”, graficó la legisladora.
En las resoluciones finales se señala la importancia de contar con programas de capacitación y concientización orientados a las legisladoras y los legisladores y medios de comunicación con el fin de lograr mayor difusión y compromiso con esta temática.
Más tarde, se debatió acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América y se planteó como una gran debilidad la falta de un marco jurídico que garantice su cumplimiento en la región. También se mencionó los altos índices de mortalidad maternal, embarazo infantil y adolescente y de abortos clandestinos inseguros.
Tras la ronda de consulta las parlamentarias concluyeron que: “Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y el Estado, por lo tanto, debe ser el principal garante de su cumplimiento”. Existen, en este sentido, barreras culturales, religiosas y sociales que impiden avanzar en políticas que garanticen el pleno ejercicio de estos derechos.