Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados recibió a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, con la que trató todos los relacionados con el Proyecto de Ley que regula el otorgamiento de las fuerzas públicas para realizar embargos.
El diputado Darío de Jesús Zapata , quien fungió como presidente en función de la misma, explicó que la pieza, de la autoría de los diputados Demóstenes Martínez y Henry Modesto Meran, que busca regular el otorgamiento de las fuerza públicas para llevar a cabo las conservatoria y ejecutoria Públicas.
De su lado Yeni Berenice, quien estuvo acompañaba de otros magistrados, expresó que ese es un tema que les preocupa sobre manera ya que en la Fiscalía del Distrito Nacional se reciben a diario entre 65 y 70 quejas, denuncias o querellas, por delitos de esta ejecución y tomando en cuentas que no todos los afectados acuden a la Fiscalía, lo que evidencia los problemas que se suscitan.
Reynoso define desde 1ro al 5to grados los casos registrados antes empresas, ciudadanos y demandantes como son, los que se obtienen en sentencias favorables pero que no son ejecutados, casos de daños a las propiedades, extorción de bienes que no hacen constar en las actas (por ejemplo se llegan 5 televisores y hacen contar uno o dos), entre otros tipos de extorciones.
La magistrada acogió el proyecto como una solución, a pesar de poner algunas observaciones como son derogar funciones del presidente de la Cámara civil Comercial en el Juzgado de Paz Provincial, otorgar poder de la fuerza pública al abogado del Estado, crear un registro provincial con dependencia de la Procuraduría General de la República para que cuando se necesite de ese recurso saber dónde buscarlo, entre otros.
Del mismo modo el diputado Demóstenes Martínez, uno de los proponentes, dio visto positivo a las observaciones de la magistrada.
Manifestó que solicitará una ampliación del plazo de la segunda lectura del proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera lectura, para hacer las modificaciones requeridas, ya que el país necesita de urgencia no una ley de ejecución que beneficie al pueblo dominicano.