Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Diputados recibió a los procuradores adjunto, Marien Montero, coordinadora de desarrollo legislativo y regulatorio de la Procuraduría General; junto a Rodolfo Espiñeira y Carmen Ureña, con los que trataron diferentes temas sobre la iniciativa que trata el apoderamiento de la fuerza pública para embargos y desalojos.
El presidente de la comisión Henry Merán, expresó que la convocatoria hecha a los procuradores, se hace con la intención de conocer sus inquietudes sobre el proyecto de ley de su autoría y del diputado Demóstenes Martínez, el cual fue aprobado en primera lectura.
Merán explicó que se necesita conocer algunas propuestas de modificaciones sugeridas por algunos sectores, como la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, quien varias propuestas que se incluyan en el proyecto.
De su lado Marien Montero, quien hablo en nombre del Procurador General de la República, dijo que se hizo acompañar de los procuradores adjuntos Carmen Ureña y Rodolfo Espiñeira quienes tienes toda una vasta experiencia en las atribuciones del Ministerio Público “para darse una pincelada práctica sobre el tema”.
Los procuradores coincidieron en señalar que la autorización de la fuerza pública y observación de la ejecución tienen que permanecer en el Poder Judicial como órgano coordinador de justicia, ya que el mismo tienes el compromiso otorgar disciplina y sanción dentro de los procesos de ejecución.
Asimismo algunos diputados señalaron como una necesidad de que los jueces de paz se les otorgue el poder de ejecuciones en embargos, en sus jurisdicciones para una ejecución más rápida y que los mismos mantengan una función más activa.
En el acto, que se celebró en el salón José Ramón Fadul de la Cámara de Diputados, participaron además del presidente de la comisión, los diputados Demóstenes Martínez, Darío de Jesús Zapata, Faride Raful, entre otros.