Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió este lunes a una comisión de funcionarios del Gobierno con quienes conversó sobre el proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos de la República Dominicana.
En la reunión, encabezada por el presidente de la Comisión, Francisco Matos, participaron Domingo Contreras, director de Programas Especiales de la Presidencia; Sina del Rosario Cabral, viceministra del Ministerio de la Presidencia; y Omar Ramírez, asesor ambiental de la CDEEE.
El diputado Matos resaltó la importancia de la iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados pero perimió, y la necesidad que tiene el país de contar con una ley que resuelva la problemática actual sobre residuos en República Dominicana.
Explicó que varias entidades del sector privado y la sociedad civil han remitido comunicaciones a esa Comisión manifestando su oposición a tres puntos de la pieza: El impuesto verde, las tarifas que garantizan a los inversionistas que el mismo será rentable y rechazan que se les de poder a los distritos municipales para disponer algunas normativas.
Abogó por que haya consenso entre las partes porque “Deberíamos ser de los primeros países de la región en aprobar esta ley, pero dándole tantas vueltas el proyecto, ya se nos han ido adelante 15 ó 15 naciones”, manifestó.
Sin embargo, cree que ya se está llegando a una recta final, pero que el Congreso no puede aprobar una ley que luego el Poder Ejecutivo no la promulgue y la vete por algunos detalles que falten.
Pidió que el ministro de Medio Ambiente, Angel Estévez sea incluido en la comisión gubernamental que analiza con los diputados el referido proyecto.
De su lado, Domingo Contreras, quien encabezó la comisión gubernamental, dijo que con el tema de los distritos municipales, éstos tienen derecho por ley a disponer normativas para la distribución de los desechos sólidos.
En cuento a los dos otros dos puntos que objeta el sector privado, sobre el bono verde y la tarifa y sostenibilidad financiera del sistema, dijo que una opción sería que el Estado lo pague o el ciudadano mediante un impuesto, como en otros países.
“Los residuos no pueden dejar de recogerse en ningún país, aunque el ciudadano no los pague, porque es un servicio de salud y orden público”, sostuvo.
El funcionario dijo que en República Dominicana existen millones y millones de toneladas de basura acumuladas en todas partes y los municipios no tienen capacidad de hacer frente a esta situación.
Planteó dos soluciones a ese problema: que el Gobierno centralice la recogida de esos desperdicios o cree un mecanismo que lo descentralice, de forma que en el menor tiempo sea solucionado el problema.