Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados escuchó este jueves los planteamientos del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, con respecto al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
El proyecto procura acogerse a una disposición constitucional que en el numeral seis del artículo 51 sobre el Derecho de Propiedad, plantea la necesidad de que el Estado pueda intervenir en los bienes que son de procedencia ilícita.
En ese sentido, la moción plantea el hecho de que el legislador ordinario pudiese hacer posible una legislación adjetiva que permitiese la persecución de los bienes y no de la personas que por alguna razón tengan un bien ilícito, recibido por un tercero que si pudo haber cometido la falta.
Ante este planteamiento, el Estado lo que ha procurado es recuperar bienes de origen ilícitos, sin importar en manos de quien este, de esa manera también protege que haya competencia desleal a la hora de que existan propiedades que por su origen ilegal terminen alterando las condiciones normales de comercio.
La reunión estuvo encabezada por el legislador Radhamés Fortuna, quien junto a los demás integrantes de la comisión estuvo de acuerdo en que dicha normativa se convierta en un avance para el sistema judicial dominicano.
Por su parte, Castaños, destacado jurista y politólogo, durante su intervención, consideró que la citada normativa debe respetar una serie de derechos fundamentales de terceros que en buena fe que hayan adquirido una propiedad de origen ilícito, pero lo desconoce.
Del mismo modo, que a ese ciudadano se le pueda garantizar sus derechos en un juicio justo y que en el marco de esas garantías del debido proceso, puedan acceder a una revisión de esa decisión, que en el citado proyecto de alguna manera no se deja bien claro.
Otro aspecto importante que expuso Castaños , es el poder excesivo que se le designa en la ley al procurador, quien intencionalmente seria quien decida si persigue o no, en este caso, el bien ilícito, que de ser aprobada de tal manera, le daría a su persona que no es un juez, la autoridad de decisión, estando esto eventualmente políticamente motivado, persiguiendo a unos si y a otros no.
Finalmente, la comisión agradecida de sus consideraciones acordó ponderar a profundidad lo planteado, a los fines de hacerle los ajustes de lugar para que sea devuelto al Senado de la República, para fines también de valoración.
La pieza legislativa de la autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa, Charlie Mariotti, Julio César Valentín y Luis René Canaán, crea los tribunales de extinción de dominio, obliga a dar informaciones bancarias al juez, abre la cooperación internacional y homologa sentencias extranjeras, siempre que no entren en contradicción con la Constitución y las leyes dominicanas.