Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para escuchar su parecer sobre el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos.
Durante el encuentro, encabezado por el diputado Radhamés Fortuna, en representación de Henry Merán, presidente de dicha Comisión, en el Salón José Ramón Fadul, de la Cámara de Diputados, el máximo representante del Ministerio Público recomienda dejar la Ley como está.
Sin embargo, dijo que no es adecuado, porque bajo la situación actual de presupuestos precarios para todas las instituciones, establecer que dejas tribunales especializados es una carga bastante grande que se le sometería al Poder Judicial que no tiene fondos suficientes, “eso es un dineral”.
“Nosotros nos inclinamos por un tema presupuestario sencillamente, a que los tribunales de primera instancia los asuman y sean quizás dentro de primera instancia, que tú puedes colocarlo en esa jurisdicción”, expresó.
Agregó además, que en el contenido del proyecto se utiliza indistintamente la palabra imputado y sujeto de decomiso, por lo que aconsejó que en todos los casos se utilice la palabra procesado o sujeto pasible de extinción, en virtud de que no en todos los casos de extinción de dominio la persona involucrada es pasible de una sanción penal.
“Por ejemplo en el caso de los hijos que pueden fungir de testaferro, porque ahí lo que se persigue es el bien, no necesariamente al hijo, entonces ahí hay que ponerlo en vez de imputado, procesado o sujeto pasible de extinción”, explicó Alain Rodríguez.
Asimismo, sugiere revisar la redacción en el artículo 80, sobre el orden de decomiso, el cual establece que el juez dará fallo, ordenado el decomiso civil de los bienes perseguidos, cuando se verifique que haya quedado acreditada la existencia del hecho ilícito.
También, que se haya probado que los bienes se encuentran en una de las hipótesis señaladas en el artículo 10 de la Ley.
Y, por último, que el afectado no haya probado fehacientemente la procedencia lícita de dichos bienes, que haya actuado de buena fe y que estaba en la imposibilidad absoluta de conocer su utilización carácter ilícito, entre otras recomendaciones.
El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos fue aprobado en el Senado y remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.
Esta ley tiene como objeto reglamentar el procedimiento para os juicios de extinción de dominio, previsto en el párrafo 6 del artículo 51 de la Constitución, mediante el cual se pronuncia el decomiso civil de bienes ilícitos y de procedencia ilícita.
La pieza se originó mediante la moción presentada el 6 de marzo del 2019, por los senadores Adriano Sánchez Roa, Julio Cesar Valentín, Charles Mariotti y Luís René Canaán.