Comisión de Derechos Humanos escucha a familias desalojadas en El Seibo

El Seibo. - La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Pedro Martínez, se trasladó a la Pradera del Central, en la provincia El Seibo, para escuchar a 60 familias que fueron desalojadas de esa comunidad.

Al inicio del encuentro, el diputado Martínez sostuvo que, como fiscalizadores, los legisladores acudieron únicamente a escuchar a los afectados, para luego emitir un informe al pleno. “Hoy hemos venido a escucharlos a ustedes, quienes nos informan que sus derechos han sido violados y que no tienen dónde guarecerse”, expresó.

El párroco Miguel Ángel Grullón, reconocido en la zona por su activismo social, fue el anfitrión y agradeció a la comisión el encuentro a fin de que estas familias puedan ser ayudadas.

Los miembros de la comisión escucharon a al menos veinte representantes de las familias afectadas.

El comunicador Luis Chalas destacó que el 5 de septiembre quedó marcado como un “día gris” en la memoria de los residentes, ya que el desalojo generó un gran impacto en la salud de muchos, quienes desde entonces sufren problemas cardíacos.

Señaló además que hasta la fecha se desconoce quién fue el autor intelectual del operativo. “¿Quién va a resarcir los daños materiales de tantas personas, cuyas pertenencias quedaron sepultadas entre los escombros y no saben dónde acudir ya que todos los funcionarios se han desligado?”, puntualizó.

El productor agropecuario,Joaquín de la Cruz, aplaudió la presencia de los legisladores, confiando en que defenderán a un sector tan vulnerable. Por su parte, el comunicador Víctor Leonardo dijo ser testigo de la injusticia cometida por un contingente nunca antes visto. “Sé que ustedes harán un levantamiento claro, preciso y conciso, que le haga justicia a estas personas”, concluyó.

Mientras tanto, Ruth Elizabeth Ramírez presentó casos de personas cuya salud se ha visto afectada y que permanecen desprotegidas al no contar con apoyo.

El empresario Pascual Ventura manifestó su solidaridad con los afectados, señalando que la ley debe servir para organizar, no para destruir. “El Estado se convierte en un régimen de fuerza, no en un Estado de derecho”, afirmó.

Finalmente, los representantes de la demarcación, Leonardo Valerio Palacio y Justina Guerrero, aseguraron que harán todo lo necesario para que las familias desalojadas reciban la atención y el respaldo que merecen.

Al cierre del encuentro, el presidente de la comisión enfatizó: “El Estado tiene el poder para ejercer la ley, pero la misma debe ser usada justamente y en conformidad con la misma”. Posteriormente, los legisladores se trasladaron al sector desalojado para verificar de manera directa los daños ocasionados.