Santo Domingo. Una subcomisión designada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados escuchó el parecer del Colegio Dominicano de Notarios en relación al Proyecto de Ley sobre Notariado, sometido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia.
Durante el encuentro, presidido por el diputado Darío Zapata, Pedro Rodríguez Montero, presidente de los notarios, se opuso a que se apruebe otro proyecto.
Recordó que luego de hacer vistas públicas en distintos puntos de la geografía nacional, los legisladores aprobaron hace solo un año la Ley N0.140-15, la que entiende, es una disposición que contribuye con la seguridad jurídica.
Aseguró que esta Ley fue elogiada por el notariado latino, ya que es dinámica y participativa.
Rodríguez Montero manifestó que se trató de un esfuerzo del notariado nacional lograr la aprobación de la iniciativa señalada, después de “soportar” la Ley 301 de 1964, lo que califica como un decreto proveniente de un gobierno de facto.
De su lado, Rodolfo Pérez Montás, también del Colegio Dominicano de Notarios, explicó que lo que se busca es seguir actuando con la Ley 301, la que permitía que no se vea lo que se estaba firmando.
“Se trata de un adefesio depositado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para perjudicar al notario”, expuso.
Abogó por que la Ley 140-15 se deje frisada por mucho tiempo, ya que mantiene los honorarios de los notarios.
Tanto Rodríguez Montero como Pérez Montás propusieron a los diputados que realicen vistas públicas regionales para que “la comunidad jurídica nacional y los ciudadanos puedan aquilatar la seguridad jurídica que da la Ley 140-15”.
El diputado Zapata, quien presidió el encuentro junto a sus colegas, Radhamés Fortuna y Graciela Fermín, prometió ponderar la factibilidad de realizar vistas públicas por región.
El proyecto de ley sobre Notariado, según su proponente, la Suprema Corte de Justicia tiene como objetivo recoger los adelantos en el campo notarial, unificar la variedad de legislaciones existentes, establecer las disposiciones fundamentales relativas a los notarios, su organización y el cobro de sus honorarios, así como superar los obstáculo originados por la Ley 140-15.
Además, se les prohíbe desarrollar proselitismo político partidario y discriminar por razones de raza, ideología y color, entre otros.
Serán destituidos temporalmente si desempeñan funciones por interpósita persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico por encargo y en provecho de otro.
También, que usen sello gomígrafo sin registrar, que establezcan oficinas para prestar servicio en otra jurisdicción.
Y por último, serán destituidos si dan fe de que una persona ha comparecido ante él siendo mentira, certificar que ha firmado un determinado acto en su presencia, sin haber sucedido, permitir que un tercero lo suplante y use su sello o firma, así como rendir informe falsos.
Este proyecto de ley fue declarado de alto interés nacional e incluido en la lista de iniciativas priorizadas el 1/3/2016, en virtud del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados y enviado a la Comisión de Justicia en esa misma fecha.