Santo Domingo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió al director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), con quien analizó una situación que afecta a residentes en Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
En la reunión encabezada por el presidente de la comisión, Fidel Santana, el director de CORDE, Leoncio Almánzar, expuso la posición de esa entidad sobre la venta de terrenos a una empresa privada, denunciada por la junta de vecinos del referido sector.
El diputado Santana explicó al invitado que según denunciaron en una reunión reciente con esa comisión dirigentes comunitarios, los terrenos donde fueron levantadas unas 14 mil viviendas en las que habitan más de 75 mil personas fueron vendidos a una empresa privada por CORDE en el año 2010.
Dijo que se trataría de un millón 200 mil metros cuadrados y que fueron vendidos en 80 millones de pesos.
“Le hemos invitado aquí para que nos indique todo lo referente a la venta de esos terrenos y porqué se ha hecho sin el conocimiento del Congreso; porqué CORDE utilizó a una empresa privada y no lo hizo como institución”, expuso.
Dijo que como órgano fiscalizador está investigando los hechos denunciados por la Junta de Vecinos de Los Tres Brazos, que preside Milcíades Gerardo.
De su lado, Leoncio Almánzar afirmó que se quiere “pescar en río revuelto”.
“CORDE siempre ha sido un gobierno aparte, con su propio presupuesto y tiene potestad para vender esos y otros terrenos”, indicó.
Explicó que la institución tiene en su poder 610 títulos de propiedad de los terrenos, algunos que datan del año 1979, que algunos ya los pagaron y no los han ido a retirar y otras personas tienen que pagar 10 mil pesos para recibirlos.
“Esos terrenos hay que pagarlos, no se los van a regalar a nadie, yo no tengo padre de familia favorito, pero aclaramos que nunca se ha hablado ni se hablará de usar la fuerza pública contra esa gente”, explicó.
Admitió que CORDE le vendió el proyecto a una empresa privada llamada Ifepa, que es la que está realizando el plan de titulación y dijo que hacen las cosas correctamente, tal y como lo haría la institución oficial.
El director del CORDE dijo también que se trata de unas seis mil familias, no 17 mil como se ha dicho.
“Yo sé que no es una decisión popular, pero sí legal y todos tienen que pagar por los terrenos”, manifestó.